¿Código ético o estrategia administrativa?

Johanna Barba Vázquez A01222976

En cuestiones teóricas, México tiene una economía basada en el libre comercio orientada a las exportaciones. Es la 2ª economía más grande de América Latina, y se sitúa en el número trece a nivel mundial.

Sin embargo, después de la crisis de 1994, el 50% de la población cayó en la pobreza. Según datos del INEGI, en 2009 el desempleo se disparó a niveles máximos de 5.1% en el primer trimestre y sigue aumentando. Desde que comenzó este sexenio a la fecha más de 700 mil personas han perdido su fuente de ingreso. Pareciera que todo el país está sumido en problemas económicos, pero no es así.

En nuestro país, que cabe mencionar ha sido señalado como el país más desigual del mundo, los altos funcionarios públicos cuentan con prestaciones como un presupuesto de alrededor de 3 mil pesos al día para comer, dos celulares, choferes y gasolina, seguros médicos mayores, hasta automóviles nuevos cada año… eso, por supuesto, sin incluir su elevado salario mensual de no menos de 150 mil pesos con el que a fin de cuentas no se pagan nada ellos mismos. Si sus salarios se recortaran a la mitad, aún así estarían en una posición mucho más privilegiada a comparación del resto de la población.

Sin embargo, lo que a la ciudadanía le parecería una acción lógica para combatir la crisis, es decir, disminuir dichos presupuestos de la clase política, para nuestro señor Presidente no lo es. ¿Cuál es su solución? Aumentar los impuestos.

Pero si la salvación del país recae en los impuestos ¿Por qué no se empieza entonces por exigir el pago completo de los impuestos a la empresa privada? Hoy en día las corporaciones se jactan de tener un código de ética ejemplar que demuestra su compromiso con la ciudadanía y su interés por la situación socioeconómica de la gran mayoría pero ¿esa es la verdadera razón de sus fundaciones? La realidad es que el país no necesita, o más bien no debería de necesitar de fundaciones como bécalos o redondeo, ni de “donaciones” de Cemex al Teletón. El deber de proporcionar educación y atención especial a los ciudadanos es del gobierno, con el porcentaje de dinero que los miembros de la nación debemos de abonar precisamente destinado a ello.

El redondeo es un bien ejemplo de una de muchas maneras de evadir impuestos y defraudar al fisco. Uno va a un supermercado donde, al pagar, el cajero le pregunta si desea redondear su cuenta para donar los centavos sobrantes a algún centro de necesitados en específico. Ya que son sólo algunos centavos, la mayoría decidimos darlos. Por supuesto que de centavo en centavo, en todas las sucursales de la cadena de supermercados se juntan millones de pesos que serán donados, no a nombre de quien redondeó, sino a nombre del supermercado quien pide una factura de “su” donación para presentársela a Hacienda y así justificar su exención a la hora de pagar impuestos. El plan es prácticamente perfecto, ya que a pesar de que los donadores reales son los clientes del supermercado, no se les puede entregar factura porque dan a penas unos centavos, y no el mínimo de 200 pesos que es la cantidad requerida para expedirla.

Si el gobierno permite defraudaciones fiscales etiquetadas como donaciones por parte de las empresas a cambio de un pequeño porcentaje de impuestos, ¿qué no podría hacer con el porcentaje que legalmente se debe pagar? ¿Realmente habría necesidad de aumentarnos los impuestos?

En 2007, según muestra de la Bolsa Mexicana de Valores (BVM) se eludió la entrega de 130 mil millones de pesos. (La jornada, julio de 2008). Entre las grandes empresas que difirieron el pago de 51 centavos al fisco por cada peso entregado, se encuentran Telcel, Telmex, Televisa y Grupo Bimbo. Cabe mencionar que Grupo Bimbo ha sido uno de los principales contributarios financieros de las campañas presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón. En otras palabras, las personas con poder del país juegan a un “yo te ayudo si tú me ayudas a mí” y nos llevan al resto de la población entre las patas.

La razón por la que esto y muchas otras formas de corrupción se realizan en el país, es simplemente porque se puede. México es supuestamente una democracia, lo que significa que los ciudadanos deberíamos de tener el derecho de exigir el correcto funcionamiento de las operaciones gubernamentales. El problema es que, así como ese es nuestro derecho, es nuestro deber estar debidamente informados para poderlo ejercer y es ahí en donde más fallamos.