Próximo a concluir el sexenio de nuestro actual gobierno, se presta un tiempo y espacio para la reflexión, crítica y recuento de este turbulento presente que desde Diciembre de 2006 comenzó. Es el momento de exponer cifras, que paralelas a los logros y méritos obtenidos en la lucha contra el narcotráfico muestran una realidad con mucho más impacto social; los infanticidios y asesinatos de adolescentes que esta guerra contra el crimen organizado ha dejado a su paso.
La sociedad juzga, impone y demanda acciones que el gobierno ignora en diversos momentos y situaciones, estas como respuesta ante una inconformidad que surge debido a los resultados que las campañas políticas o acciones que en materia de seguridad se han considerado como ineficientes.
Si bien las medidas de control aplicadas a la lucha contra el crimen organizado no son las más perfectas, fueron las que se consideraron prudentes y necesarias para determinar si el país estaba dispuesto a continuar bajo el yugo de la inseguridad, corrupción, violencia… o ¿Es ésta la estrategia adecuada? ¿Cuáles son las consecuencias ético/morales de ésta guerra? ¿Sé está produciendo un mayor bien para la sociedad, en relación con los daños ocasionados a la misma?, estos cuestionamientos son los que hoy en día comprometen nuestra postura ante un gobierno en el que un principio se confiaba.
Cerca de mil vidas correspondientes a niños y adolescentes han sido el saldo resultante de los constantes operativos y movilizaciones encabezadas por el gobierno con el fin de salvaguardar la integridad de su ciudadanía. La Red por los Derechos de la Infancia (Redim), ha reportado que las muertes de estos niños y adolescentes son un acto que atenta contra los derechos y garantías individuales de los niños, convirtiendo a estos casos en situaciones comprometidas por la impunidad al no respetar las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño. Como se menciona en la noticia, sería necesario una reforma que permitiera obligar al estado a salvaguardar la integridad de los niños ante los conflictos militares armados.
Sin embargo las implicaciones morales que todo este contexto nos permite analizar van mucho más allá de los actos o fines en los que nuestro gobierno se ve comprometido participar, ya que si reflexionamos nuestra actual realidad apoyándonos en los principios del utilitarismo clásico de Bentham, donde la importancia o trascendencia de los medios radica en el respeto al “principio utilitarista”, es decir si el resultado o consecuencia final tuvo un efecto mucho más beneficioso para la mayor parte de la población. Hasta este punto podemos reconsiderar nuestros juicios ante el paradigma de indecisión sobre lo bien o mal que han sido empleadas las estrategias en la lucha contra el crimen organizado.
Por desgracia, mientras que una corriente ética logra apoyar en cierto grado al comportamiento del país, otra apela a una completa inmoralidad en sus afanes por completar operativos o erradicar criminales. La ética deontológica profesa ante todo, el respeto y cumplimiento del deber, salvaguardar los principios de la dignidad humana. Por lo tanto, la ética deontológica exige el cumplimiento de los derechos que no están siendo respetados, el valor de la dignidad humana en estos niños no puede ser comprometida por un fin cuyos medios están costando vidas inocentes.
Otra de las posturas que nos ayudaría a comprender el avance que se ha tenido en este último sexenio, es la propuesta por Stuart Mill correspondiente a una actualización del utilitarismo anteriormente mencionado, donde el principio utilitarista se apoya en otro principio, el de la mayor felicidad obtenida por el mayor número de personas posibles, es entonces cunado nos es posible correlacionar el presente desde un punto de vista utilitarista y preguntarnos ¿Se está obteniendo mayor felicidad , aún con los medios y consecuencias de ésta guerra?.
Cuando nuestro presente está repleto de propagandas políticas que justifican sus actos con el estandarte de “Para evitar que la droga llegue a tus hijos”, psicológicamente existe un factor introductorio a un concepto de felicidad que propone la concepción de una familia funcional, sin embargo los movimientos armados como hemos visto le han privado la vida a casi mil niños, esto en definitiva no produce ningún tipo de felicidad, antes bien es un resultado antagónico a los perseguidos por Mill, donde lo éticamente correcto corresponde a una existencia que nos prive del dolor y sufrimiento en tanto sea posible.
Siendo que el utilitarismo nos propone definir actos morales de acuerdo a su funcionalidad, esto podría llevarnos posteriormente a un nivel de raciocinio que incite a juzgar desde un punto de vista pragmático, donde la forma en la que el contexto y entorno son afectados (así como su funcionamiento) no son relevante, sino el fin como tal. Por lo tanto, es importante considerar las implicaciones éticas, citando a Peter Singer; tanto como un observador imparcial como un agente racional que nos permita ponderar la eficacia paralela a las consecuencias que comprometen de un modo u otro la seguridad y protección civil.
La dependencia Freedom House (Washington DC.) señala en su reporte anual (del año 2010) que "La incapacidad del Gobierno mexicano para proteger del crimen organizado a ciudadanos comunes y corrientes, a funcionarios públicos y a periodistas, causó que cayera el estatus de México, de ser un país libre a uno parcialmente libre". Son 994 muertes de menores registradas hasta el momento a causa de los operativos en contra del crimen organizado, es tiempo de conciliar la realidad de un México donde el dejar que la inseguridad gobierne el país no es una opción y la lucha contra el crimen se paga con sangre.
“Víctimas de la guerra, 994 menores de edad "
Para ver la noticia original, por favor da click aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario