Resumen
El desperdicio de alimentos es
una problemática mundial que va en ascenso. Según estudios de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más conocida como
FAO, 1.3 billones de toneladas de alimentos no cumplen su función de nutrir al
ser humano y son desechados a nivel mundial. Esta problemática no sólo tiene
graves perjuicios ambientales y económicos, sino que también atenta contra los
derechos humanos y dignidad de la sociedad y viola el principio de
sostenibilidad. Por lo tanto, es importante determinar en quién recae la
responsabilidad de reducir el desperdicio de alimentos.
Palabras clave: Desperdicio de
alimentos, Derechos humanos, dignidad, sostenibilidad, responsabilidad
Introducción
A nivel mundial un tercio de
los alimentos producidos son desperdiciados, es decir, 1.3 billones de
toneladas de alimentos no cumplen su función de nutrir al ser humano y son
desechados (Aguilar, 2017). De forma paralela, 821 millones de personas tienen
una dieta alimentaria insuficiente por cantidad o por nutrientes (FAO, 2011). Esta
problemática no está lejos de la realidad de los jaliscienses, actualmente no
existen estudios estatales que cuantifiquen el desperdicio de alimentos, sin
embargo, a nivel nacional el comportamiento es similar al mundial, 1/3 de su
producción de alimentos se desperdicia, es decir, 20.4 millones de toneladas de
alimentos (Aguilar, 2017). Este desperdicio se presenta en cada una de las
etapas de la cadena de suministro, desde su producción hasta su venta al por
mayor o a particulares. Valdría la pena preguntarse quién es responsable de
evitar o reducir el desperdicio de alimentos. ¿Es cuestión de regularización
mediante leyes? ¿Se trata de tecnificación en el campo para aumentar
rendimientos? O ¿La responsabilidad recae en los hábitos de consumo del
ciudadano promedio?
Antes
de comenzar con los roles que desempeñan el gobierno, el productor y el
ciudadano en el desperdicio de alimentos es necesario hablar de la
responsabilidad. La elevación de la responsabilidad es unos de los índices
fundamentales en el progreso moral. Para que una persona o entidad pueda ser
juzgada por una falta de responsabilidad moral deben de existir dos condiciones
fundamentales. Primeramente, que el sujeto no ignore las circunstancias ni las
consecuencias por su acción, es decir, que la conducta tenga un carácter
consciente. Sin embargo, no en todos los casos la ignorancia de las
consecuencias puede justificar una intromisión a la moral, sólo cuando el
sujeto no es responsable de su ignorancia. El segundo fundamento corresponde
que la causa de sus actos esté en el sujeto propio y no en otro agente; es
decir, la responsabilidad es resultado de la consciencia y de la libertad.
(Sánchez, 2006).
El gobierno
El
papel principal de un gobierno se centra en satisfacer las demandas y
necesidades de las personas que integran el Estado, es decir, los ciudadanos
(González, 2016). Sin embargo, de acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 11.2% de la
población jalisciense posee un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo,
por lo que le es imposible adquirir los alimentos indispensables para tener una
nutrición adecuada, derecho fundamental del ser humano (CONEVAL, 2017).
Una
alimentación insuficiente, ya sea por escasez o por falta de nutrientes, atenta
contra los derechos humanos y la dignidad. La dignidad, según Kant, es el valor
intrínseco que posee todo ser racional. A su vez, las metas de estos individuos
son de igual valor, por lo que existe el estricto deber de esforzarnos por
satisfacer las necesidades básicas y así fomentar el cumplimiento de los fines
ajenos (Rachels, 2006). La dignidad está íntimamente relacionada con los
derechos humanos, ya que estos se definen como la conexión entre la dignidad
humana y sus necesidades básicas. Estos representan las exigencias básicas
derivadas de la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas (Barba,
1997).
Las
políticas de seguridad alimentaria son las herramientas del gobierno para
asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada de sus ciudadanos.
La seguridad alimentaria está compuesta por cuatro pilares: disponibilidad,
acceso, uso de los alimentos y estabilidad de la oferta (Urquía, 2014). Si
cualquiera de estos cuatro pilares no se cumple se llega a una crisis
alimentaria. Una alimentación saludable es indispensable para el desarrollo y
el bienestar de un ser humano (Andrade & Cecilia, 2012). La seguridad
alimentaria es un derecho a políticas que aseguren el cumplimiento de los
cuatro pilares (Bianchi & Szpak, 2016).
El productor
La
concepción de la agricultura cambió radicalmente con la corriente maltusiana
que originó la revolución verde en 1798; a partir de esta fecha el enfoque
principal fue incrementar el rendimiento de los cultivos a través del avance
científico y tecnológico para satisfacer la demanda creciente de la humanidad
(Pérez, 2005); sin embargo, hoy en día el 40% de los alimentos son
desperdiciados en la etapa de producción (FAO, 2013); siguiendo esta tendencia,
en Jalisco, como el gigante agroalimentario de México, el desperdicio de
alimentos asciende a más de 2 millones de toneladas por año (SIACON, 2018).
Según
la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por INEGI en 2017, el 1.2% de este
desperdicio de alimentos se les atribuyen a causas naturales como plagas,
condiciones climatológicas poco favorables, entre otros. Es aquí donde
deberíamos preguntarnos qué ocurre con el 98.8% restante. Este alarmante
porcentaje de alimentos desperdiciados en el campo se les atribuyen
principalmente a causas humanas como el incorrecto manejo de alimentos en la
cosecha y traslado, almacenamiento inadecuado, uso excesivo de químicos,
fertilizantes y abono, exceso de producción, problemas con la venta del
producto, entre otros (INEGI, 2017).
El
enfoque del sistema actual atenta contra la sostenibilidad y es una amenaza a
la justicia intergeneracional; este modelo plantea observar un campo de
producción agrícola únicamente como una unidad económica donde predomina la
utilización de prácticas de cultivo inadecuadas y depredadoras de recursos
naturales no renovables, trayendo consigo la pérdida de biodiversidad,
degradación de los suelos y contaminación de aguas superficiales y
subterráneas. Este modelo de trabajo en el campo amenaza a mediano plazo con
devastar las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra no sólo
para los seres vivos que lo habitan sino también para las futuras generaciones
(Pérez, 2005).
Bajo
este antecedente, las personas que trabajen en el campo deben de estar
orientados hacia la sostenibilidad, para así lograr un equilibrio económico,
social y ambiental. Según Leff, la sostenibilidad sólo es alcanzable mediante
un código ético en el que seamos capaces de comprender que las necesidades
propias están irremediablemente ligadas a la convivencia y el reconocimiento de
los límites que nos pone el medio ambiente; el núcleo de la sostenibilidad reside
en la transición del pasado a la construcción del futuro, encarando los
problemas que nos plantea el cambio de la era de la economía a la era de
ecología (Leff et al, 2002).
El ciudadano
El
24% del desperdicio de alimentos ocurre en la etapa de distribución y consumo
en la cadena de suministro; a su vez, se ha encontrado la tendencia que, entre
mayor sea el poder adquisitivo de la región mayor será el desperdicio de
alimentos (FAO, 2013). Se le atribuyen 3 causas principales: causas
sociológicas como el ritmo de vida y la estructura familiar; el desconocimiento
de los sistemas de conservación de alimentos y las prácticas comerciales como
la publicidad y ofertas promocionales que animan a comprar al consumidor cuando
este no lo necesita (Xavier & Gascón, 2014).
Impulsados
por las tendencias del consumismo, el ciudadano promedio decide descartar
alimentos aptos para nutrir a un ser humano debido a que no cumplen
características impuestas por el mercado como el color, la forma o el tamaño.
Al realizar el descarte de este alimento se está cometiendo un acto de
negligencia hacia el bienestar del ser humano, se violan las obligaciones
intrínsecas del ciudadano. Desde una perspectiva progresista, la ciudadanía no
se basa en la filiación, sino en un contrato social. El ciudadano al contar con
derechos de forma intrínseca también se le adjudican responsabilidades hacia su
entorno social, ambiental y político (Vieira, 1998). Según Hobbes, el contrato
social reconoce 4 hechos básicos de la condición humana en la que destaca la
igualdad de necesidades entre los humanos, es decir, todos necesitamos de las
mismas cosas básicas para sobrevivir como lo es el alimento. El segundo hecho
reconoce la escasez de los bienes (Rachels, 2007). Es así como, al desechar un
alimento que pudo haber sido apto para el consumo humano se priva la
oportunidad de otro para nutrirse de este recurso escaso y se viola el
principio de cooperación para asegurar la garantía del contrato social.
Tomando
en cuenta la definición de responsabilidad antes mencionada, la responsabilidad
el desperdicio de alimentos recae en el gobierno, el productor y el ciudadano
ya que existe plena consciencia de los actos ejecutados y sus consecuencias y
se suscita en todas las etapas de la cadena de suministro de alimentos por
múltiples razones, sin embargo, en la etapa de producción con un 40% de los
alimentos desperdiciados se debe apostar a tecnificar los métodos de cosecha,
transporte y almacenaje para evitar la deterioración de los alimentos aptos
para el consumo humano; a su vez, es vital importancia que exista un sistema
eficiente de redistribución de alimentos para que, aquellos alimentos que no
pudieron ser vendidos por fallas de mercado puedan servir de alimento digno
para las personas mediante bancos de alimentos u otras organizaciones.
Para
poder lograr el mayor bienestar posible en Jalisco es necesario que actores
claves gubernamentales, productores y ciudadanos actúen en sinergia. Es
imperativo que las obligaciones no recaigan solamente en un actor, ya que, la
excesiva operación de uno puede invalidar al otro y viceversa. El gobierno debe
de ejercer políticas claras que salvaguarden la seguridad alimentaria de los
habitantes del Estado, los productores deben de ejercer procesos que aseguren
su sostenibilidad y no se comprometan los derechos de las generaciones futuras
y el ciudadano debe de cambiar sus tendencias consumistas que lo orillan al
exceso y al desperdicio de alimentos.
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