miércoles, 8 de mayo de 2019

La corrupción en la construcción de México: un cáncer social - Roberto Hernández Rendón A01631140

“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero” – Voltaire
A todo acto de abuso del poder para el beneficio propio se le conoce como corrupción, un problema que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas en nuestro país. Es solo cuestión de ver noticias o revisar redes sociales para darnos cuenta de la epidemia de escándalos tanto en instituciones públicas como en el sector privado relacionado en actividades ilícitas, involucrando funcionarios de todo partido político de todos los niveles en la jerarquía de poder. 
La problemática consecuente de la corrupción no solo se limita al desvío de fondos públicos, lamentablemente los efectos que trae consigo van desde impedir un desarrollo equitativo del país hasta atentar contra la autonomía de las personas poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Y tenemos que ser conscientes sobre los actos de corrupción que violentan la dignidad de las personas, las injusticias y engaños a los que nos vemos sometidos,  los abusos económicos y de poder que llevan a cabo nuestros gobernantes.
Palabras clave: bienestar imparcial, corrupción, industria de la construcción, dignidad
Se entiende como corrupción al abuso de una posición privilegiada quien por medio de su  poder e influencias busca conseguir beneficios propios. De manera oficial Transparencia Internacional lo define como “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio”. Que por la naturaleza de la palabra, la asociamos al mal obrar de funcionarios públicos, pero no debemos olvidar que también involucra al sector privado.
La corrupción se ha convertido en una palabra cotidiana en la vida de los mexicanos, y muchos no dimensionamos el problema que supone este término que se ha vuelto tan repetitivo. La corrupción es una transgresión a la democracia porque es una medida de la  privatización del bien público, supone el desvío de fondos y el uso de relaciones para ganar licitaciones que no tienen el objetivo de generar un bien u ofrecer servicios públicos.
Puede que relacionemos la corrupción con problemas económicos del país pero no solo se limita a problemas de desvío de fondos públicos para cumplir caprichos de funcionarios públicos y empresarios del sector privado, si no que tiene un alto impacto en la vida de los ciudadanos ya que se ven violentados los derechos humanos de la población y muchos otros aspectos de su persona.
Si bien, es difícil medir el nivel de corrupción de un país y sus afectaciones a la economía, es aún más difícil medir su impacto negativo en la vida de las personas. Un indicador indirecto de corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en el cual México obtuvo una calificación de 28 de 100 puntos posibles, colocando a México en el lugar 138 de 175 países (Transparencia Internacional, 2019). De manera paralela, el Banco Mundial tiene una calificación sobre Control de la Corrupción, en el cual se obtuvo una calificación de 16.6 sobre 100 y ubica a México en el lugar 127 (Banco Mundial, 2018). Estos indicadores de estas reconocidas instituciones internaciones no dan una visión sobre las precarias condiciones del país.
Según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (2018), Transparencia Internacional considera a esta industria, junto con el sector judicial, como los más corruptos. Si bien, la industria de la construcción es una de las más lucrativas y grandes en la sociedad. Juega un papel importante en el desarrollo de los países y las sociedades, tanto es su relevancia que comúnmente la condición de la rama de la construcción se usa como un referente económico.
La complejidad de un proyecto constructivo,  el número de interventores y grupos de interés y la estrecha relación con los gobiernos se convierten en factores que orillan a la industria de la construcción a ser susceptible a práctica ilícitas. Los gobiernos tienen la obligación de civilizar el espacio y las ciudades, y esto se logra invirtiendo en infraestructura y obra pública; es por ello que los gobiernos se convierten en el mayor cliente de la industria de la construcción. Es entonces cuando se generan situaciones que facilitan las prácticas corruptas.
Es evidente que se necesitan virtudes éticas para gobernar y que existe un perfil a cumplir para ser funcionario público, existen elementos básicos en cualquier cargo político para gobernar a base de dar respuesta a las demandas sociales. La teoría pública señala que existen  cualidades que deben poseer las personas para desempeñar cargos públicos: lealtad a la constitución establecida, capacidad para responsabilidades, y poseer virtud y justicia (Aristóteles; Política, Libro V, 1309b).
Cuando hacemos referencia a gobernantes o funcionarios que realizan prácticas corruptas, se entiende que estas cualidades positivas han sido intercambiadas por conductas negativas, las cuales se convierten en malas prácticas de la virtud. Ya que sustituye las buenas prácticas (virtudes) en malos hábitos (vicios). Según Alasdair MacIntyre las virtudes son “disposiciones (…) de búsqueda del bien, al permitirnos superar los daños, los peligros, las tentaciones y las situaciones que encontramos, y que nos proveen un conocimiento creciente de nosotros mismos y del bien”. (Velásquez, 130, 2012). Según el pensamiento de la virtud, Aristóteles encamina a las personas a vivir a base de virtudes ya que son “hábitos que permiten a una persona vivir  de acuerdo con la razón” (Velásquez, 130, 2012).
Hablando desde el marco legal, nuestra constitución Política expone que toda autoridad y funcionario público debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; bajo los principios de estos mismos: universales, objetivos, imparciales y racionales. Esta autoridad de un funcionario público se basa en el deber, tiene que tomar en cuenta sus deberes y obligaciones para las personas a las cuales se verán afectadas. Ya que para Kant el deber se basa en el obrar según una máxima que pueda tornarse en un actuar universal. (Rachels, 2006)
Un ejemplo anterior en el cual se incumplen estas virtudes de buena gobernanza es la falta imparcialidad en las prácticas de adjudicaciones directas. Existen diversos procesos de selección para determinar a la empresa privada que llevará a cabo la construcción de la obra pública, tanto realizar una convocatoria de la licitación pública (o concurso) como una adjudicación directa. Si bien, la licitación pública garantiza la elección del mejor proyecto; mientras que la adjudicación directa, como su nombre lo dice, no da lugar a que exista competencia y el contrato se da por medio de una preselección.
De manera analógica las adjudicaciones directas se prestan para realizar actividades corruptas. Es común encontrar que funcionarios públicos están estrechamente ligados a empresas del sector de la construcción y sus prácticas se basan en favorecer a la empresa con el fin de recibir un beneficio propio. En cierta medida, estas prácticas corruptas convierten a las empresas constructoras en un medio para cumplir sus avaras intenciones, poniéndoles revisión e inflación en sus gastos, auditorías y modificando su toma de decisiones; despojándolos así de su autonomía como empresa. Según Kant una persona tiene dignidad cuando goza de total libertad, por ello son seres autónomos. Basando la ética Kantiana en el caso específico de las empresas, toda institución tiene un valor intrínseco y por ello no debe ser tratada como instrumento ya que existe una obligación moral del respeto hacia su autonomía, y con ello a su libertad y libre albedrío (Cortina, 2011). No podemos manipular a las personas para alcanzar un fin egoísta.  
Otra afectación a la sociedad es que las prácticas de corrupción conllevan a buscar el beneficio directo o indirecto de los funcionarios públicos, dejando de lado los intereses de la comunidad. Al priorizar sus intereses al de los demás, perjudican el bienestar de la población, contradiciendo los ideales del utilitarismo que buscan el bienestar imparcial. El bienestar imparcial nos encamina a “elegir aquel principio que tenga las mejores consecuencias globales para todos los afectados” y la búsqueda del mayor beneficio es un objetivo social universal (Rachels, 2007, 148).
Probablemente la consecuencia de la corrupción más superficial pero en temas tenemos que visualizar el desvío de fondos como un hurto a la sociedad, muchas veces pensando en sus bolsillos e ignorando el mayor bien común. No solo es una mala práctica de la virtud, si no que genera una deficiencia en las familias mexicanas. La falta de permeabilidad de los recursos económicos genera pobreza y desequilibra el bienestar de las familias. Se entiende por bienestar, las condiciones materiales que permiten “estar bien”. En otras palabras, es un resumen condiciones y necesidades humanas que aseguran una buena calidad de vida (Yepes, 1997). Es por ello que la corrupción es una transgresión al bienestar, ya que genera una injusta repartición de bienes y capital en la sociedad, provocando una desigualdad y rezago social.
Eso no lleva a medir la corrupción es a través del bienestar de las personas. Como ya se ha mencionado con anterioridad, un gobierno debe de ser imparcial y ver por el desarrollo equitativo de su población. Por ello las condiciones de vida de los ciudadanos es un indicador de buenas o malas prácticas de las labores públicas, ya que toda decisión de un cargo público tiene una consecuencia directa a la calidad de vida de los ciudadanos.
Dicho de otra manera, los índices de pobreza están estrechamente ligados al nivel de desarrollo de la sociedad, en cuanto a infraestructura.  Hablar de corrupción conlleva a disminuir o cortar recursos públicos, lo que lleva a generar faltas o total carencia en servicios por lo que transgrede el bienestar de la comunidad. Sabiendo que es su obligación el aprovechar al máximo  los recursos provenientes de recaudación pública, el reducir o cortar fondos de recaudación ciudadana para su beneficio es una falta a sus deberes como servidores del bien público, además se está haciendo uso de la sociedad como un medio para alcanzar un fin personal. Recordando la idea de Kant  “los seres racionales […] deben ser estimados siempre al mismo tiempo como fines, es decir, sólo como tales seres que deben contener en sí el fin de la misma acción” (Rachels, 208, 2006). Traduciendo las palabras de Kan, las personas siempre “deben ser tratados como un fin y nunca como un medio” u objeto (Rachels, 207, 2006).
La calidad en la construcción es un tema de suma importancia ya que el cumplimiento de las normas de construcción busca garantizar la seguridad de todos los usuarios de las obras civiles. Existen prácticas dentro de la industria de la construcción en las cuales la calidad de la edificación se ve comprometida con pleno conocimiento de los ingenieros civiles con el fin de obtener mayores utilidades económicas ¿Y qué resulta de estas prácticas? Construcciones inseguras que en lugar de pensar en la salud del usuario.
Esta grave falta atenta contra la dignidad y la seguridad de las personas, se pone en riesgo vidas humanas con tal de conseguir un mayor beneficio económico. Por lo cual la infraestructura se convierte como un medio para lastimar, afectando a la autonomía de las personas. Recordando a Kant, el deber de vivir es transcendental para la autonomía, si no preservamos la vida y si no velamos por el buen vivir de los demás, estamos teniendo una falta a la moral. Es por ello que cuando atentamos a la salud de los demás, estamos limitando su libertad y por consiguiente estamos violentando su dignidad. (Roman, 2007).
Hablando del marco internacional,  México se ha comprometido ante Naciones Unidas a cumplir con la Agenda 2030 que gira en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible los cuales buscan garantizar el bienestar de todo ser humano. Si bien, dicho objetivo declara “Paz, justicia e instituciones sólida” que evocan a lograr sociedades pacíficas, libres de corrupción e imparciales. Esto pone una meta en el ámbito para la sociedad mexicana, pues la falta de aceptación y encubrimiento de las prácticas corruptas es un tema muy arraigado en sistema político nacional.
Como se mencionó con anterioridad, no existen índices oficiales sobre corrupción en México, dejando en evidencia la falta de importancia que significa esta problemática para los funcionarios públicos contra las graves consecuencias que tiene para el pueblo mexicano.
Es sencillo decir que se debería de aplicar políticas públicas anticorruptivas, el verdadero dilema e implementar las políticas y transformarlas en cambios en la manera de actuar de la sociedad.  El verdadero problema las decisiones corruptas de los funcionarios públicos no responden ante las virtudes éticas necesarias solventar las necesidades y demandas sociales. Visto desde la ética de Aristóteles, la corrupción es una antítesis al bien obrar que plantea.
Ir en contra de las necesidades sociales representa ir en contra del bienestar imparcial, ya que el poder es utilizado para el beneficio de sus intereses y no busca el mayor bien para el mayor número de personas, si no buscan el mayor bien propio sin tomar en cuenta las repercusiones que su actuar tiene sobre los ciudadanos.
Además, transgrede en muchos sentidos la dignidad de las personas. Tanto por los engaños como la denigración del valor de la calidad de vida de la población, poner en riesgo la vida de los usuarios de las obras civiles. Por otro lado, las prácticas corruptas limitan la libertad de los ciudadanos y en muchos casos también lo hace con las constructoras.  Es claro que la corrupción no solo afecta económicamente a la nación, si no que el peor impacto son las consecuencias que trae a la población. La afectación a su calidad de vida y su bienestar es la más tangible, pero no debemos olvidar las cuestiones que resultan implícitas como la libertad y dignidad de las personas.
Según los datos y cifras de corrupción en México, y tomando en cuenta la poca importancia que el gobierno tiene en materia de transparencia y lucha contra la corrupción es un verdadero desafío cumplir con el rubro de instituciones sólidas. Es necesario cambiar la manera de pensar de las personas a las cuales se les otorga un poder gubernamental, y un cambio en la cultura de la sociedad. No sirve de mucho optar por políticas anticorruptivas si al final los vicios ganarán sobre el buen actuar. Basados en cifras e indicadores internacionales el resultado de la pelea de México en contra de la corrupción es una mentira que nos decimos a nosotros mismos.
Referencias
Artavia A., F. (2008). Decisiones públicas, beneficios privados. Consideraciones teóricas en torno a la corrupción. Revista Ciencias sociales 119: 13-26.
Banco Mundial. (2018). Indicadores mundiales de buen gobierno. Recuperado de https://databank.bancomundial.org/data/databases/eficacia-del-buen-gobierno
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. (2018). Panorama del combate a la corrupción. Revista Mexicana de la Construcción, 636, 16-22. Recuperado de http://www.cmic.org/panorama-del-combate-a-la-corrupcion/
Cortina M., A. (2011). Fundamentar a Kant. Recuperado de https://www.dropbox.com/sh/5vy80vyuyz8cpdd/AAAZgx3fJUt5tGlI917MUhvLa/Teor%C3%ADas%20%C3%A9ticas/2011%20Cortina%20Martinez%20fundamentar%20Kant.pdf?dl=0
Rachels, J. &Ortiz Millán, G. (2014). Introducción a la filosofía moral.  México D.F. Fondo de Cultura Económica.
Roman, B. (2007). El concepto vida en la ética kantiana. Logos. Anales del Seminario de Metafísica, 2007. 40. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/27594415_El_concepto_vida_en_la_etica_kantiana_algunas_consecuencias_para_la_bioetica
 Tanzi, V., Davoodi, H. (2001). Corrupción, inversión pública y crecimiento. Gestión y Análisis de Política Públicas. No. 21, 73-82.
Transparency International. (2019). Corruption Perceptions Index 2018. Recuperado de https://www.transparency.org/cpi2018
Velásquez, M. Herrero Díaz, M., & Estrada Velázquez. (2013). Ética en los negocios. México: Pearson Education.
Vázquez, D. (2017). Los Derechos Humanos y la corrupción en México. Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/DH-Corrupcion-Mexico-Anexo.pdf
Yepes, R. (1997). Fundamentos de Antropología. Pamplona: EUNSA, pp. 211-224.

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