La desigualdad social impide el acceso a
la justicia en México.
“La injusticia
en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes” (Martin
Luther King.)
El tema del
presente ensayo e sobre el derecho a una buena defensa y el acceso a la
justicia para todas las personas sin importar su nivel socioeconómico. Lo
anterior, con el objetivo de dimensionar la gravedad del problema en México y
analizar si este puede ser uno de los factores que contribuyen a la impunidad
en nuestro país.
El derecho a la
defensa es un derecho fundamental reconocido por nuestra constitución y por
diversos tratados internacionales, el cual debe salvaguardarse en los procesos
jurisdiccionales como parte del debido proceso y como un requisito esencial
para su validez. “Este, consiste en la posibilidad jurídica y material de
ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona en juicio y ante
las autoridades, de manera que se asegure la realización efectiva de los
principios de igualdad de las partes.” (Cruz, 2015).
En México una
gran parte de la población tiene un nivel socioeconómico bajo, lo cual entre
otras cosas les restringe el acceso a la justicia y a la educación. Es por esto,
que cuando se ven involucrados en problemas legales no tienen el conocimiento
de cuáles son sus derechos y a su vez, no logran contratar una buena defensa
por los altos honorarios que cobran la mayoría de los abogados en nuestro país.
Todo esto ocasiona
que la mayoría no ejerza ninguna acción legal o los obliga a acudir a los
abogados de oficio, quienes ya sea por falta de preparación o por su gran carga
de trabajo no logran representarlos correctamente. Además, muchos
investigadores y expertos en la materia opinan que este derecho solo puede
concebirse a través de la intervención del abogado, por lo cual de una u otra
manera se está violentando su derecho humano de acceso a la justicia.
Esto también
está sustentado en el artículo 20 de nuestra Constitución, la cual establece:
el derecho a una defensa adecuada por el abogado, al cual elegirá libremente
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un
abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un
defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos
los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le
requiera.”
El tema es
relevante para la dignidad humana ya que el derecho de acceso a la justicia es
un derecho universal que debe ser garantizado por el Estado. Éste derecho
además, debe otorgarse en condiciones de igualdad, por lo tanto, al no darles
acceso en las mismas condiciones a determinado grupo social nuevamente estamos
ante una discriminación y un atentado en contra de sus derechos humanos.
Por esto es
importante que los Estados cuenten con instituciones formales que tengan como
prioridad el desarrollo de las personas y para lograrlo es necesario garantizar
la protección y la implementación de los derechos humanos. Además, al
garantizar el acceso a la justicia de manera igualitaria para todos se está
incluyendo socialmente a las personas más vulnerables y se puede lograr una
mejor comunicación y transparencia de las instituciones frente a los
ciudadanos.
Palabras clave:
- Dignidad,
- Derechos
Humanos,
- Justicia
Social,
- Objetivos de
Desarrollo Sostenible: fin de la pobreza, trabajo decente y crecimiento
económico, reducción de las desigualdades y Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas,
- Derecho a la defensa.
La justicia en
México no logra compensar a quienes fueron afectados injustamente por una
acción, esto afecta al derecho de la justicia social, la cual es necesaria para
la convivencia pacífica y próspera dentro de un país a través de la garantía de
resultados equitativos para todos (ONU, s.f.), puesto que de acuerdo con un
artículo del NY Times, en nuestro país existen en promedio cinco condenas por
cada cien víctimas, lo cual se debe en gran medida por el colapso del sistema
de justicia mexicano y el déficit de los recursos materiales para la
impartición de justicia.
En cuanto al
tema de la pobreza, la Organización de las Naciones Unidas, la define dentro de
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015 y establece que esta va mas
allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida
sostenibles, sino que entre las distintas manifestaciones de pobreza figuran el
acceso limitado a la educación, la discriminación y la exclusión social, que
incluyen la ausencia de la participación de las personas pobres en la adopción
de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan.
Una
investigación realizada recientemente por la Fundación de Estudios para la
Aplicación del Derecho (FESPAD), reveló que los principales problemas en
materia del acceso a la justicia son los siguientes: La pobreza, por las
limitaciones económicas para contratar un abogado/a, el desconocimiento por
parte de la población de sus derechos y de los roles de las instituciones, los
costos onerosos y la falta de garantías para contratar un abogado particular,
la carga de trabajo de las instituciones y la falta de idoneidad del personal,
entre otros. Como podemos apreciar, estos puntos que describen los obstáculos
del acceso a la justicia, se relacionan con la problemática socioeconómica y
nos demuestran como existe una falta de protección e implementación de los
Derechos Humanos, los cuales deben ser inherentes a todos los seres humanos,
sin distinción o discriminación alguna (ONU, s.f.) y son derechos que el Estado
debe promover y proteger por medio de las instituciones, entre ellas, las que
se ocupan de administrar la justicia en el país.
Entonces, es
evidente que en México las víctimas no reciben justicia y no tienen los medios
necesarios para cambiar esta situación, ya que de acuerdo con Angel, 2018 “el
tener acceso a la justicia no finaliza su obligatoriedad constitucional, sino
además que se respete la tutela judicial efectiva, es decir, que verdaderamente
llegue en tiempo razonable y sin limitaciones sociales, culturales y
económicas.”
El sistema
mexicano no funciona de manera clara, justa e imparcial en sus criterios y
procedimientos para distribuir los costos y los beneficios del acceso a la
justicia en la sociedad mexicana, donde muchas veces parece que la única
preocupación de las instituciones respecto de la justicia consiste en llevar a
alguien a prisión, sin importar si se respetaron sus derechos de un debido
proceso, ni el buscar solución a los crímenes y al diseño de una política
preventiva eficaz para cumplir la ley.
El acceso a la
justicia en México no considera a la par los intereses y derechos de todas las
personas, ya que no es aplicable a cierto sector de la población, derivado de
su condición social, violentando así sus derechos humanos al dejarlos en una
situación vulnerable sin posibilidad de poder tener una defensa adecuada. Esto
se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la reducción de la
desigualdad, que de acuerdo a la ONU, 2015 debe realizarse mediante la aplicación
de políticas universales que presten también especial atención a las
necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.
Es importante
que para esto, los intereses colectivos sean respetados a la par que los
intereses particulares ya que la situación actual en México es que solo un
pequeño grupo privilegiado de personas puede acceder a este derecho por su
situación económica y es importante que se logre que esto se convierta en un
derecho universal, es decir que se aplique para todos por el simple hecho de
ser personas y que se otorgue de manera efectiva.
Además, en
México los costos y beneficios de una defensa adecuada no son equitativos ya
que las personas de bajos recursos, al no tener las mismas oportunidades para
contratar un abogado deben acudir a alternativas, como lo son los abogados de
oficio, quienes no siempre pueden garantizarles una buena defensa, ya que
existen injusticias en el reparto de responsabilidades, puesto que la carga de
los abogados de oficio es mucho mayor que la de los abogados privados.
Con esto es
evidente que no se esta garantizando el derecho de los abogados de oficio a un
trabajo decente, el cual es otro de los Objetivos de Desarrollo Sustenible del
2015 y es definido por la ONU como la creación de las condiciones necesarias
para el acceso a empleos de calidad y derecho de todos de compartir el progreso
ya que de acuerdo al artículo de Olson, 2015, para el periódico Excelsior,
según las observaciones de la CDHDF en la materia, el año pasado la carga de
trabajo para los defensores públicos locales era excesiva, pues llegaban a
atender entre 300 y 400 casos por año, además muchos de ellos señalaron que
ponen de su propio dinero para solventar los gastos de un juicio, los cuales
deberían ser otorgados por el Estado.
Esto hace
referencia al tema de la dignidad, la cual según Kant, se define como el
respeto a las personas como un fin en si mismo y no como un medio para usos de
otros, puesto que es evidente que se les
trata como un medio para cumplir con un requisito legal de otorgar un abogado a
aquellas personas que no puedan contratar uno, sin embargo, además de que no se
está respetando su dignidad no se les permite alcanzar el bien interno de su
profesión que es el de representar legalmente y defender a aquellas personas que
lo necesiten.
“En un país con
graves diferencias sociales, el Estado tiene la obligación de dar a éstos los
instrumentos para defenderse y evitar de esta manera que la pobreza se
convierta en los hechos en indefensión jurídica.” (Rodríguez, 2000).
Se debe buscar
el bien para el mayor número de personas y no solo para un pequeño grupo
privilegiado, por lo que para mejorar esta situación, se debe atacar el tema de
la pobreza en el país, siendo esta una de las principales causas por las que
las personas no tienen acceso a este derecho. Sin embargo, también deben de
considerarse los otros factores como la gran carga de trabajo de las
instituciones y los defensores públicos y el desconocimiento de la mayoría de
la población sobre cuáles son sus derechos y cómo pueden actuar ante ciertas
situaciones.
Si dotamos a los
abogados de oficio con herramientas y recursos necesarios para poder realizar
su trabajo podríamos mejorar en gran medida la situación del acceso a la
defensa de los grupos más vulnerables en México para que de esta manera cumplan
con el propósito y los bienes internos de su profesión, que son defender y
representar a las personas que no tienen los recursos para pagar un abogado
privado. Además es necesario que las instituciones cumplan con sus deberes y
obligaciones frente a la sociedad mexicana al seguir con su propósito de velar
por los intereses de la población evitando así los largos trámites y la
burocracia en este tipo de procesos.
“Contar con una
verdadera y eficaz defensoría pública o de oficio, entendida como aquella que
el Estado tiene el deber de proporcionar, cobra especial relevancia en una
realidad como la nuestra, con su marcada diferenciación social y graves
problemas económicos, en donde la oportunidad de contar con los servicios de abogados
particulares resulta para la mayoría imposible.” (Rodríguez, 2000). Esto era
uno de los principales objetivos dela Ley Federal de Defensoría Pública, se
pretendía la conformación de un sistema que garantizara profesionalismo,
capacidad, probidad, prestigio social y cobertura suficiente, para que la
población de menos recursos estuviera debidamente defendida, sin embargo como
la mayoría de las leyes en México, estas quedan por escrito y no se respeta su
correcta aplicación, para esto es importante el Objetivo de Desarrollo
Sostenible correspondiente a la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que de
acuerdo a la ONU es necesario que para cumplir con esto se establezcan
reglamentaciones más eficaces y transparentes.
CONCLUSIÓN
Al no garantizar
el Derecho de Acceso a la Justicia, se están afectando la dignidad, la justicia
social, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades, la paz y las
Instituciones Sólidas en nuestro país.
En nuestra
hipótesis inicial veíamos que la principal causa del problema era la situación
de pobreza en la que viven una gran parte de los mexicanos, sin embargo a lo
largo del ensayo se pudo comprobar que más que el tema de la pobreza, la
problemática es la falta de preparación de los abogados de oficio que proviene
de una falta interés de las instituciones mexicanas de garantizarles un trabajo
decente.
Resolver el tema
de la pobreza sería lo ideal, pero puesto que este puede ser un tema más
complejo de resolver, la solución más viable podría ser el dotar a las
instituciones públicas y a los abogados de oficio de los recursos y la
preparación necesarias para poder desempeñar adecuadamente su papel de
defensores. Es evidente que por los niveles de pobreza la carga de estos
abogados es mayor que la de los abogados privados, por lo tanto si damos a
estos las condiciones dignas para ejercer e incentivamos esta práctica, la
carga podría disminuir y así mejoraría la calidad y el desempeño de cada uno de
ellos.
Esto demuestra
la gran relevancia del problema, ya que además, en 26 de las 32 entidades
federativas del país, el sistema judicial está colapsado por falta de polícias
y de jueces y la denuncia de los delitos es muy baja. Es por eso que se debe
hacer un análisis y la puesta en marcha de acciones para solucionar este
problema, ya que por un lado se están afectando a de miles de mexicanos que
sufren violaciones a sus derechos humanos y no pueden acceder la justicia para
defenderse y por el otro estamos usando a los abogados de oficio como meros
medios para cumplir con una obligación constitucional, la cual se cumple a
medias.
Finalmente, la
solución más viable ante esta problemática sería garantizar la dignidad y los
Derechos Humanos de los abogados de oficio lo que a su vez los llevará a
ejercer el bien interno de su profesión y podrán garantizar el derecho humano
de acceso a la justicia a la mayor cantidad de personas posibles.
FUENTES:
1.- Angel, A.
(2018). La justicia en México es un desastre, ¿cómo reconstruirla?. febrero 12,
2019, de NY TIMES Sitio web:
https://www.nytimes.com/es/2018/07/11/opinion-arturo-angel-mexico-impunidad-crisis-justicia/
2.- Aristegui
Noticias. (2018). La impunidad en México es de 99.3%; no hay policías ni jueces
suficientes: UDLAP. marzo 26, 2019, de Aristegui Noticias Sitio web:
https://aristeguinoticias.com/1303/mexico/la-impunidad-en-mexico-es-de-99-3-no-hay-policias-ni-jueces-suficientes-udlap/
3.- Cruz, B.
(2015). El Derecho de Defensa.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3878/7.pdf. febrero 12,
2019, de UNAM Sitio web:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3878/7.pdf
4.- Maraniello,
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Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C. [en línea] 2008,
(Sin mes) : [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2019] Disponible
en:
5.- Olson, G.
(2015). Abogados de oficio defienden sin recursos. febrero 12, 2019, de
EXCELSIOR Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/03/1049089
6.- Rodríguez
Lozano, Amador, Por un acceso real a la justicia en México. el caso del
instituto de defensoría pública. Cuestiones Constitucionales [en línea] 2000,
(enero-junio) : [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2019] Disponible
en:
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