La deficiencia en el sistema jurídico Mexicano.

Jaime A. Chávez Vargas

En la actualidad el sistema jurídico nacional ha dado mucho que pensar, pues se han visto muchos casos de corrupción y nepotismo en las instancias policiales, propiciando situaciones de discriminación hacia las personas con menos recursos, lo cual se puede ejemplificar a partir de un caso personal, de despojo, los burócratas exigían un pago para poder realizar los procesos judiciales, lo cual debería de ser gratuito de acuerdo a lo que marca la ley, además de que en el proceso burocrático se presentan diversas “trabas” como es la pérdida de tiempo, puesto que cada burócrata te manda con una persona diferente y cada instancia requiere cierto papeleo, haciendo el proceso judicial muy lento, al contrario como dicen los libros, una justicia pronta y expedita, sin embargo en estos casos la persona con más “palancas” (más conocidos) se puede evitar todos estos trámites.

            De tal forma que el proceso jurídico se ha vuelto un ejercicio muy largo y tedioso, en el cual no siempre se cumple con el fin de impartir justicia y en ocasiones ocurre lo contrario. Por esta razón se abordan temas como la corrupción, la discriminación, el nepotismo, la transparencia y las posibles soluciones a la corrupción y el entrampamiento del sistema jurídico mexicano, para tomar conciencia de los problemas éticos que se presentan en la impartición de justicia.

            Actualmente el sistema de justicia mexicano se ha visto como uno de los principales objetos de mejora para el país, debido a la ineficiencia de los burócratas, reflejada en la impunidad la cual está directamente ligada a la corrupción. Algunos datos son el porcentaje de delitos que son castigados los cuales oscilan alrededor del 1% y la probabilidad de que el delincuente se presente ante un juez que es del 3.3% (generando un índice de impunidad del 96.7%). De manera similar se ve la misma ineficiencia en la aplicación de mandamientos judiciales,  puesto que cada año solo se complementa del 25 al 33% de las órdenes de aprehensión dictaminadas, pues se han investigado sobornos, los cuales tienen efecto de evitar la detención;  lo que nos muestra un panorama muy poco alentador para la ciudadanía, debido a los bajos índices de aplicación de justicia en el país. (Carbonell, 2006, p. 353), mostrando un alto nivel de corrupción, lo cual deja desprotegida a la sociedad, puesto que algunos delincuentes tienen la posibilidad económica para burlar la justicia, se les permite continuar con sus actividades sin recibir un escarmiento, de tal forma que no se está impartiendo justicia de manera equitativa, dando lugar a una falta grave en la ética y la moral, pues como se dice en la teoría Kantiana, se obra de acuerdo a una máxima, la cual no tiene un impacto en el delincuente, pues solo propicia la infelicidad buscando el beneficio propio, utilizando a las personas como medios para conseguir su felicidad, por tanto no se dignifica a la sociedad.

            Por otra parte, dentro del mismo sistema judicial, se ven comprometidos los derechos y garantías individuales, pues las personas son sometidas a interrogatorios (a veces con uso de violencia) y son tratados como “animales”, pues nunca se mencionan sus derechos, un ejemplo de esto es el DF, donde el 71% de los detenidos no tuvo acceso a un abogado y el porcentaje restante no fue capaz de hablar con él a solas; que además del total de los sentenciados el 60% no conocía su derecho de no declarar y el 80% nunca interactuó con el juez que lo condenó (Solís, 2010, p. 15), por lo que podemos ver una violación a los Derechos Humanos,  que se ven pisoteados propiciando una discriminación y sometiéndolos a ciertos abusos, lo cual no es permitido de acuerdo al utilitarismo, donde se busca aumentar la felicidad global, que por otro lado el culpable debe ser castigado, sin embargo si el presentado no es culpable, ¿cómo se busca recuperar la felicidad perdida?, pues debido a la incompetencia judicial la mayoría de los detenidos son por delitos de bajas proporciones y en ocasiones inocentes, los cuales suelen ser primodelincuentes  y son detenidos antes de las primeras 24 horas de cometerse el crimen, de ahí podemos decir que los policías son buenos observadores, pero malos investigadores.

            Tomando en cuenta las cifras, que demuestran la incompetencia de los niveles de gobierno encargados de la procuración de justicia, que junto a la falta de conciencia hacia los delincuentes (aún personas), podemos ver una deficiencia en cuanto a capacitación de los responsables de ejercer la ley, además de una notoria falta de ética; sin embargo, otros agentes involucrados que al parecer también carecen de bases éticas para realizar sus funciones, son los abogados, los cuales ya tienen un sistema de litigio muy arraigado, el cual está basado en la corrupción y el engaño, evitando y postergando el problema de fondo, que al utilizar un lenguaje tendencioso convencen a la persona de llevar el proceso a un juicio largo y con pocas retribuciones, de tal manera que el único beneficiado es el abogado, el cual pasa por alto la idea utilitarista de buscar el mayor bien para la mayoría y se enfoca en el beneficio propio, por lo tanto, el abogado, olvida su papel como defensor del inocente y se enfoca en el cliente que llene su bolsillo, sin importarle si el mismo es culpable, pues al manejar el sistema a su conveniencia por medio del dinero, es capaz de liberar a cualquier delincuente a cambio de una retribución económica, por lo que a través del tiempo se ha perdido la credibilidad en los niveles de justicia gubernamentales (Solís, 2010, p. 35).

De tal manera que, visto desde el punto de vista de la ética, la sociedad se ve perjudicada, pues los delincuentes continúan en las calles incumpliendo el contrato social, debido a la ineptitud de las instituciones encargadas de impartir justicia, que Hobbes denomina el “Leviatán”; en otro enfoque se corrompe el ambiente de armonía en el mundo, generando más sufrimiento que bienestar, al no existir justicia de forma equitativa, permitiendo el abuso de las personas. Por otra parte de acuerdo a la teoría Kantiana, en cuestión de Derechos Humanos, el delincuente merece ser tratado de cierta manera porque así lo decide él, sin embargo, los policías muchas veces los utilizan como medios de enriquecimiento, al pedir sobornos a cambio de su libertad, que consecuentemente no solo está en juego la ética por parte del delincuente, sino también se ve doblegado el agente que debe buscar el cumplimiento del castigo, para reformar a estos delincuentes.

Se puede tener un criterio muy claro en cuanto al origen de estas deficiencias en el sistema jurídico, pues de acuerdo a David Sarquis, en los países en vías de desarrollo como México, la ley se ha tomado como un instrumento de poder y control, de tal manera que es concebida como una imposición desmesurada e injusta, por lo que es mejor dar una dádiva monetaria a confrontar las implicaciones por incumplir la ley, por lo tanto al volverse esto un estilo de vida, la sociedad se crea dentro de un marco de corrupción, donde “el que no tranza, no avanza” y esto conlleva al uso de personas como medios y no precisamente como fines, denigrando al individuo tal como lo dice Kant.(Sarquis, 2008, p. 3)

Todo lo anterior es a consecuencia de estar bajo un régimen de corrupción que desencadena una mentalidad conformista, en la que no se busca generar el bien, sino sacar provecho del prójimo, por lo que los policías, en lugar de propiciar el cumplimiento de la justicia, buscan su propio beneficio al pedir “propinas” a cambio de no sancionar o detener a las personas que infrinjan la ley.

Con el fin de combatir estas deficiencias se ha buscado implementar posibles soluciones, las cuales buscan reducir la corrupción, el entrampamiento y las “trabas” que se presentan en los procesos burocráticos. La primer solución propuesta, fue la Ley de Transparencia la cual entró en vigor en 2002 durante el mandato presidencial de Vicente Fox, la cual fue reformada en 2008, con el programa propuesto por Felipe Calderón de Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información Pública, que comenzó, tal como su nombre lo indica, exigiendo la transparencia y rendición de cuentas de las dependencias de gobierno (Martínez, 2003, p.229), sin embargo no fue muy notoria su influencia ya que posteriormente apareció la Ley de Protección de Datos Personales; por lo tanto se buscaron nuevas alternativas como el “proceso oral”, el cual propicia el acuerdo entre los afectados con el fin de reducir el número de reos por delitos menores,  que por falta de solvencia económica no tienen la capacidad para salir bajo fianza, la reforma en el 2007, donde se mencionaba que no eran contraproducentes las herramientas para una efectiva persecución penal y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, como por ejemplo el allanamiento de propiedad privada sin una orden judicial. (García, 2008, p.1571), además de incluir la presunción de la inocencia, en la cual se es inocente hasta que se compruebe la culpabilidad, con el fin de evitar abusos por parte de los elementos de las diferentes corporaciones policiales, y el derecho a ser asistido por un abogado calificado, el cual deberá comprobar su capacidad con el fin de reducir el litigio por parte de “coyotes” (personas sin título de abogado) y por último, la modificación más reciente la de un mando único, con “fiscalías” independientes, que al darle un mayor poder al ministerio público se reducen los trámites burocráticos y la resolución de procesos se vuelve pronta y expedita, tal como debe de ser la impartición de justicia. (Carbonell, 2006, p. 360).

Todas estas reformas al proceso burocrático parecen ser prometedoras, sin embargo se olvidan de los abogados, los cuales deben de tener una capacitación de acuerdo a la mecánica de los juicios orales, o al respeto y protección de los derechos humanos y garantías individuales, por lo que al tener un sistema jurídico tan viejo y arraigado al uso de los “conocidos” o la corrupción para la resolución de casos se debe invertir primordialmente en la capacitación de los abogados y promover la reforma educativa para la preparación de los que se están preparando para serlo, de tal forma que los involucrados en la solución de problemas no solo son miembros del sistema jurídico (jueces, policías, ministerios públicos, etc.), sino que también se ven comprometidos a mejorar y capacitarse a la nueva ley los abogados y todas aquellas instituciones educativas encargadas de impartir los conocimientos de litigio a los alumnos, sin embargo al tener instructores que nunca han puesto en práctica las nuevas reformas, no podrán transmitir un buen conocimiento a los estudiantes. Además de que otro problema sería el presupuesto, pues los directivos no estarán dispuestos a sacrificar cierta cantidad del mismo para ser empleado en la capacitación de personal. (Solís, 2010, p. 16).

En resumen se puede decir que el principal problema del sistema judicial mexicano es la corrupción y el abuso de autoridad, que valiéndose de estas dos situaciones, las personas encargadas de impartir justicia buscan su propio beneficio exigiendo remuneraciones económicas con el argumento de aumentar la rapidez del caso, dejando de lado la conciencia ética, en la cual se debe realizar el proceso de manera eficiente, sin necesidad de “mordidas”, sin embargo el proceso jurídico nacional tiene muy arraigada esta forma de trabajo, lo que propicia diferencias significativas y la falta de equidad en los usuarios, pues no todas las personas tienen las posibilidades económicas para pagar “mordidas” a los burócratas. Por otro lado se encuentra el nepotismo, donde el que tenga más conocidos es el que  resulta favorecido, como se planteó en el caso de la introducción. Así pues para concluir, el proceso debe ser gratuito, de manera tal que se debe evitar el uso de la “mordida” como método de mejora, para obligar a los burócratas a realizar su trabajo de la mejor manera, sin involucrar problemas éticos en cuanto a las diferencias tan marcadas entre las personas pudientes (con posibilidades económicas).

Bibliografía

Carbonell, M. (2006). Cuando la impunidad es regla. Justicia penal y derechos fundamentales en México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XXXIX, núm. 116, 351-369.

García, S. (2008). Reseña legislativa sobre la reforma constitucional de 2007-2008 en materia de seguridad pública y justicia penal. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLI, núm. 123,, 1557-1581.

Martínez Liévano, E. G. (2003). REseña de "Crimen Transnacional y seguridad pública. Desafíos para México y Estados Unidos" de John Bailey y Jorge Chabat. Región y Sociedad.

Rachels, J. (2006). En Introducción a la filosofía moral (págs. 17-37). México: Fondo de cultura económica.

Sarquis, D. (2008). RAÍCES HISTÓRICAS DEL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO. Razón y Palabra, vol. 13, núm. 62,.

Solís Delgadillo, J. M. (2010). La reforma entrampada: de formación jurídica y perjuicio de la justicia en México. Cuestiones Jurídicas, 11-39.